Equipo proporcionado por el empleador. Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo da lugar a nuevas líneas de investigación en el llamado caso Koldo, entre ellas la presunta corrupción que habría emanado del Ministerio de Transportes a través de concesiones de obras públicas cuando el exsecretario de organización del PSOE estaba al frente de esta cartera. Además, Papeles Aldama también abren un nuevo frente legal en Ábalos para la adquisición de un piso de lujo para el exministro de Pedro Sánchez en el Paseo de la Castellana, en Madrid, donde se desarrolla la operación para comprar la Villa La Alcaldeisa, en Línea de la Concepción (Cádiz), de la que disfrutó el ex ministro.
Sin embargo, la ventaja que tiene actualmente Ábalos es su carrera como diputado. Fuentes investigadoras consultadas por EL MUNDO creen que existen «indicios sólidos» de la comisión de varios delitos de corrupción por parte del ex hombre fuerte del PSOE y del ejecutivo. No en vano el Tribunal Supremo decidió iniciar un proceso contra el diputado por delitos graves como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, corrupción y malversación de fondos estatales.
Sin embargo, estas fuentes creen que para que la investigación avance y se acredite la comisión de los delitos antes mencionados, es imprescindible realizar una inspección del patrimonio de los imputados. Sin embargo, para poder llevar a cabo este esfuerzo básico es necesario que primero el Congreso de los Diputados apruebe la solicitud formulada al Tribunal Supremo.
Por lo pronto, el investigador del caso, Leopoldo Puente, propuso la semana pasada que José Luis Ábalos testifique voluntariamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 bis del Código Procesal Penal para promover su derecho a la defensa. El ex ministro aceptó inicialmente esta reclamación, pero posteriormente solicitó un aplazamiento de su comparecencia prevista para el próximo jueves ante el Tribunal Supremo. Ábalos afirmó que «para la investigación y preparación» del interrogatorio, teniendo en cuenta el «alcance del expediente», consideró oportuno informar sobre el mismo en fechas posteriores.
De momento, el exlíder socialista no ha tenido oportunidad de defenderse ante los tribunales. Pero a pesar de las enormes expectativas mediáticas que podría generar su primera aparición, los investigadores se muestran escépticos sobre la luz que el ex ministro pueda arrojar sobre los hechos.
Según informa este periódico, Ábalos ha manifestado su intención de «desmantelar» lo que dicen la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el propio Aldama. En este sentido, las fuentes del expediente destacan que la investigación de esta macrocausa está «aún en sus primeras fases» y que faltan «múltiples elementos» para determinar su alcance. Hasta ahora, jueces y fiscales coinciden en el papel crucial en la red de corrupción del exministro del PSOE más poderoso del gobierno de Sánchez.
Además, la fiscalía da crédito a la confesión de Aldama y a la posterior aportación de pruebas porque, entre otras cosas, el Comisionado demostró que la conspiración de corrupción operó en el sentido de que las actividades delictivas no se limitaron a la compra de suministros médicos durante la pandemia.
Entre las últimas revelaciones de Víctor de Aldama -que se anunciarán el día 16- está «la operación mediante la cual adquirirá, sin compensación, el inmueble del Paseo de la Castellana número 164 de Madrid». Se trataba de la «garantía a favor de José Luis Ábalos para cumplir con el compromiso de determinadas constructoras de pagar comisiones si obtienen determinados contratos públicos». Todos ellos están “prejuzgados, es decir. decidido antes de su licitación».
«Para este efecto el 24 de abril de 2019 «Se celebró el contrato, una especie de fideicomiso de garantía, un contrato de arrendamiento con opción a compra, que venció el 14 de febrero de 2024''. Según Aldama, este es el mismo tipo de contrato que celebraron con la villa de La Línea. de la Concepción.
Por otro lado, la defensa de Aldama presentó un escrito ante la Corte Suprema sobre la presunta manipulación de adjudicaciones de obras públicas. Destaca en rosa las contrataciones «ya adjudicadas a empresas preseleccionadas para ser adjudicadas» por el Ministerio de Transportes. «Serán empresas que, al adjudicarse el contrato, se comprometerían a pagar unas comisiones», explicó el abogado. José Antonio Choclán, quien aseguró que “la investigación acreditará a las empresas a las que se atribuyen las obras resaltadas en rosa”.
