El centro de menores instalado en el antiguo colegio Camilo José Cela, en el distrito de El Fondillo, en la capital de Las Palmas de Gran Canaria, de donde fueron expulsados aproximadamente 120 menores inmigrantes. Los menores serán trasladados a otros recursos tras el cierre de este centro gestionado por la asociación Oportunidades de Vida.
Esta ONG ya fue objeto de polémica hace unos meses, ya que la fiscalía abrió una investigación judicial contra su presidente, Rafael Hernández, quien fue condenado por presunta explotación de estos menores en sus explotaciones agrícolas. El otro presidente de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas y Ganaderas (COAG) de Canarias está investigado por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral.
Según el diario Canarias 7, la información fue comunicada de forma anónima a la fiscalía, que aseguró que los menores cobraron entre 20 y 25 euros. durante largas jornadas laborales y, además, según el periódico, les retenían dinero si no se comportaban correctamente en el centro donde pernoctaban. Por su parte, Hernández negó esta acusación y aseguró que la justicia esclarecerá los hechos.
Además, el pasado mes de abril la organización recibió un mensaje del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según el cual debía abandonar las instalaciones que ocupaba a tal efecto el centro Tagoror desde 2018.
Agentes de la Policía Canaria y varios técnicos del Ayuntamiento parecen estar supervisando el proceso de desalojo, que se está llevando a cabo por “decisión judicial” y que el asunto está sujeto a secreto a corto plazo, según fuentes oficiales.