El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a Telcel, uno de los operadores móviles más grandes de México, con 90,6 millones de dólares por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores para bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
El IFT señaló que Telcel brinda descuentos y ventajas a ciertos canales de venta y condiciona la venta de paquetes móviles a la no comercialización de productos de otras empresas competidoras. El regulador dice que esta estrategia compromete los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que condujo a esta sanción comenzó en enero de 2021 y concluyó con un informe de causa probable a fines del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta decisión y presentar su defensa durante el juicio.
Por su parte, América Móvil, el conglomerado propietario de Telcel, dijo que apelaría la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa negó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación. Las acusaciones contra la empresa se basaron en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector celular en México, operando aproximadamente el 58.7% de los 142.7 millones de líneas celulares registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT enfatizó la importancia de los reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción resalta el papel crucial que juegan estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en México, especialmente en un contexto donde se discute una posible reforma encaminada a disolver entidades autónomas, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una ley que podría hacer desaparecer al IFT y otras instituciones independientes, argumentando que representan un gasto innecesario para el gobierno. Según el Presidente, estas instituciones no están cumpliendo adecuadamente con su propósito, habiendo recibido más de 32,313 millones de pesos desde su creación.
La posible abolición del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría representar una barrera para las industrias reguladas y afectar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó las reglas en general, y la decisión final sobre la continuidad o disolución del IFT dependerá de la próxima sesión legislativa, que inició sus trabajos el 1 de septiembre. Con el partido gobernante asegurando una mayoría calificada, la posición del IFT y otros organismos autónomos se encuentra en un punto crítico.