La situación financiera de Telefónica del Perú ha alcanzado un punto crítico, evidenciado por las recientes acciones tomadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) de Perú. La entidad ha procedido a embargar inmuebles de la compañía por deudas tributarias relacionadas con el Impuesto a la Renta de los ejercicios fiscales 2000, 2001 y 2009. El monto total de estos embargos asciende a aproximadamente 832.7 millones de soles peruanos, equivalentes a cerca de 226 millones de dólares. Estas medidas buscan asegurar el cobro de las obligaciones fiscales pendientes de la empresa.
Aunque estas acciones son graves, Telefónica del Perú ha garantizado que sus servicios de telecomunicaciones continuarán sin interrupciones. La compañía destacó que mantener sus operaciones íntegras es fundamental para satisfacer sus compromisos en el procedimiento concursal actual. Este proceso comenzó en febrero de 2025, y busca reordenar sus deudas financieras y asegurar la provisión continua de servicios a más de 13 millones de clientes en todo el país.
La situación financiera de la empresa se ha visto agravada por una sentencia de la Corte Suprema del Perú, que ordenó a Telefónica del Perú pagar 854.7 millones de dólares en impuestos correspondientes a los años 2000 y 2001. Esta decisión judicial ha tenido un impacto significativo en las finanzas de la compañía, contribuyendo a su actual estado de insolvencia.
En un intento por aliviar su carga financiera, Telefónica del Perú fue vendida el 13 de abril de 2025 a la firma argentina Integra Tec International por aproximadamente 900,000 euros. Como parte del acuerdo, Integra Tec asumió una deuda superior a los 1,200 millones de euros y se comprometió a adquirir el 99.3% de las acciones de la empresa, con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición por el 0.7% restante.
La venta de la filial peruana se enmarca en una estrategia más amplia de Telefónica para reducir su exposición en América Latina, tras recientes desinversiones en Argentina y Colombia. La compañía ha enfrentado desafíos financieros significativos en la región, incluyendo disputas fiscales prolongadas y decisiones administrativas que han afectado su competitividad en el mercado.
En este momento, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispone de un período de 90 días laborales, que finaliza el 3 de julio de 2025, para decidir sobre la solicitud de procedimiento concursal presentada por Telefónica del Perú. La autorización de este proceso es esencial para la reorganización financiera de la compañía y para que continúe con sus operaciones en el país.
La condición de Telefónica del Perú muestra las dificultades que las compañías multinacionales encuentran en mercados con regulaciones complicadas y prolongadas disputas fiscales. El desenlace de este asunto podría tener un impacto importante en la inversión extranjera y la estabilidad del sector telecomunicaciones en Perú.
