La problemática de las personas sin hogar en Estados Unidos sigue aumentando, alcanzando cifras históricas que superan los 770,000 afectados en 2024. Aunque es la mayor economía global, con un Producto Interno Bruto que ronda los 30 billones de dólares, el país enfrenta dificultades persistentes para asegurar vivienda y asistencia a sus ciudadanos más vulnerables. Este fenómeno ha generado un intenso debate sobre las acciones emprendidas por la administración del presidente Donald Trump, quien recientemente reveló políticas que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el fortalecimiento del cuerpo policial y la puesta en marcha de órdenes ejecutivas que buscan reubicar a las personas sin hogar lejos de las calles.
El presidente estadounidense explicó las acciones, afirmando que tienen como objetivo «liberar» la capital de lo que él ve como conductas indeseables de personas sin hogar y de la criminalidad. No obstante, las autoridades locales, lideradas por la alcaldesa Muriel Bowser, describieron estas iniciativas como «sorprendentes e inadecuadas», subrayando que los crímenes violentos han disminuido a niveles históricamente bajos en la ciudad en los últimos años, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Washington D.C.
Cifras récord y crecimiento sostenido
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) lleva a cabo un conteo anual de las personas sin hogar desde 2007, y el más reciente registro de enero de 2024 mostró 771.480 individuos viviendo en la calle, un incremento del 18% respecto al año anterior. El aumento se ha dado en todas las categorías poblacionales, con un crecimiento particularmente significativo del 40% entre familias con hijos, casi 150.000 menores que enfrentan la falta de un hogar.
Por otro lado, la cantidad de veteranos sin hogar ha bajado un 8%, mostrando mejoras en iniciativas específicas para exmilitares. En el grupo que no cuenta con refugios, la disminución fue incluso más significativa, alcanzando un 11%, sumando un total de 13.851 individuos.
El informe del HUD atribuye este crecimiento a varios factores, entre ellos la crisis nacional de la vivienda, el fin de las ayudas federales de la pandemia como las moratorias de desalojo y el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia, así como la presión demográfica causada por la llegada de migrantes en busca de asilo. Las comunidades con mayor flujo migratorio han registrado un aumento de familias sin hogar más del doble que en el resto del país.
Razones estructurales de la crisis
Especialistas y entidades centradas en eliminar la carencia de vivienda enfatizan que el problema es complicado, estructural y tiene múltiples factores. Entre las causas principales se encuentran la falta de disponibilidad de viviendas asequibles, la creciente diferencia entre ingresos y precios de alquiler, las limitaciones en el acceso a servicios médicos y sociales, además del racismo y la exclusión sistemática.
Según la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), un trabajador promedio con salario mínimo necesitaría trabajar 104 horas semanales para poder costear un apartamento de un dormitorio. En Estados Unidos hay una escasez estimada de 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para personas de ingresos extremadamente bajos, equivalentes a solo 35 unidades disponibles por cada 100 hogares que califican.
Además, la falta de un sistema de salud pública universal agrava la situación. Tres de cada cuatro adultos muestran preocupación por no poder afrontar gastos médicos inesperados, y un 61% de quienes carecen de seguro privado han pospuesto su contratación debido al costo. Estas limitaciones contribuyen a la pérdida de vivienda, especialmente entre personas mayores que se quedan sin hogar después de los 50 años.
Políticas recientes y controversia
La orden ejecutiva del presidente Trump emitida en julio apunta a criminalizar la vagancia y el comportamiento desordenado, relacionando la mayoría de los casos con adicciones o problemas de salud mental. Esta directriz instruye a la fiscal general a revocar ciertos precedentes judiciales y a apoyar internamientos civiles para personas con enfermedades mentales que no puedan cuidar de sí mismas.
Expertos, como Margot Kushel de la Universidad de California, califican la medida de «excesivamente simplista y distorsionada», al tiempo que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advierte sobre riesgos de vigilancia, invasión de la privacidad y criminalización de la pobreza.
Organizaciones de asistencia subrayan que la solución requiere políticas integrales que aborden las causas estructurales: acceso a vivienda asequible, fortalecimiento de servicios sociales y de salud, y medidas de inclusión que reduzcan la marginación. La criminalización de la falta de vivienda, según estos especialistas, no contribuye a crear comunidades más seguras y puede empeorar la situación de quienes ya enfrentan vulnerabilidad extrema.
